DESTITUCIÓN Y CÁRCEL PARA QUIEN HAYA DESVIADO RECURSOS:Auditor Superior.

DESTITUCIÓN Y CÁRCEL PARA QUIEN HAYA DESVIADO RECURSOS

abril 9, 2025.

En conferencia de prensa, el Auditor Superior del Estado advirtió que los plazos para la solventación de las observaciones hechas a ayuntamientos y entes estatales se está cumpliendo en estos días y quienes no hayan probado el correcto destino de los recursos públicos podrían ser retirados del cargo e incluso, remitidos a prisión.

Francisco Antonio Noriega Orozco, estableció que alcaldes, funcionarios municipales y de los entes descentralizados y autónomos, en quienes se encontraron inconsistencias por más de 11 mil millones de pesos para el primer grupo y más de 2 mil millones en el segundo, recibieron un plazo de 30 días, a partir de la notificación hecha en marzo, para que presentaran pruebas aclaratorias que justificaran el correcto manejo de los recursos observados.

Ahora, la Auditoría dispone de un plazo máximo de 120 días para evaluar las respuestas de los entes fiscalizados; conforme se vayan concluyendo los trabajos, se aplicarán las medidas establecidas en la legislación vigente, incluidas consignaciones y denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía General de Justicia.

En la revisión de las cuentas públicas del ejercicio 2023, destacó los casos de los ayuntamientos y órganos operadores de agua de Reynosa, Matamoros y Victoria, entre quienes más inconsistencias reportaron, que deberán subsanarse o sancionarse en su caso, en la brevedad de lo plazos establecidos en la legislación vigente.

Destacó una transformación en la manera de auditar, con un enfoque más técnico, riguroso y orientado a resultados concretos.

El auditor subrayó que este nuevo enfoque ha permitido detectar un mayor número de irregularidades, no por un aumento en la corrupción, sino por una revisión más exhaustiva. 

Uno de los puntos con mayor énfasis fue la fiscalización de los organismos operadores de agua potable (COMAPAS), los cuales, en su mayoría, están bajo responsabilidad directa de las administraciones municipales. 

Además de las COMAPAS, se auditaron otros organismos descentralizados municipales, como los DIFs, encontrando patrones repetitivos de deficiencia administrativa y financiera. “No se trata de un caso aislado, sino de una constante en diversas administraciones municipales”, advirtió.

En total, se auditaron más de 121 mil 500 millones de pesos, detectándose irregularidades por más de 2 mil 086 millones en entes estatales y 11 mil 465 millones en entes municipales. Esto representa un aumento de más del 3 mil por ciento respecto a 2022 en el caso municipal.

Se promovieron 3 mil 412 acciones por presuntas irregularidades, incluyendo 8 mil millones en pliegos de observaciones y 3 mil 340 millones en promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS).

El auditor subrayó que los hallazgos de la fiscalización no deben quedarse en el papel. Por ello, a diferencia de ejercicios anteriores, durante 2024 se han presentado 45 denuncias penales derivadas de las auditorías, más del doble de las que se presentaron entre 2016 y 2023.